Por mónica de hernández

Por el delito de “problable colusión de servidores públicos”, que llevaron al titular del Ejecutivo Federal a nombrar a un comisionado de la Cofetel como titular del organismo, a sabiendas de que, no cumple con los preceptos establecidos en el artículo 9C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, los senadores del PRI, Fernando Castro Trenti, Socorro García Quiroz, Adolfo Toledo Infanzón, así como los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Silvio Lagos Galindo, iniciaron una querella ante el subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, Arturo Germán Rangel.

En las instalaciones de esta dependencia, ubicadas en Reforma 211, los legisladores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expusieron en los hechos que el pasado 30 de junio del año en curso, la Presidencia de la República, emitió un comunicado en el cual se hace del conocimiento público que el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, designó al maestro Mony de Swaan Addatti como el nuevo comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Por ello, los priístas manifestaron que cuentan con “los elementos suficientes para pensar que este nombramiento no fue hecho con base en los criterios que el marco jurídico establece y que, quien asumió el cargo, lo ha hecho sabiendo que sus conocimientos y experiencia profesionales no tienen relación con el sector de las telecomunicaciones, ni son suficientes para cumplir con las encomiendas para las que la Ley le faculta”.

En ese sentido, los legisladores federal es manifestaron que “tales acciones, concertadas o no”  fueron ejecutadas en forma dolosa o al menos negligente, por lo que no pueden ser consideradas como motivo de exclusión de responsabilidad, sino por el contrario como medios que condujeron a resultados incompatibles con preceptos del Código Penal Federal que nos rige.

Asimismo, agregaron que de acuerdo a lo que establece el artículo 9C de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se señala que los comisionados designados por el Ejecutivo Federal deben “haberse desempeñado en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público o académicas relacionadas sustancialmente con el sector telecomunicaciones”.

Por lo que el hecho de que Mony de Swaan sea licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México; Maestro en Política Comparada por la London School of Economics; tiene estudios de postgrado sobre Seguridad Nacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén, nada tiene que ver o relacionados con el área de especialidad que exige la Comisión Federal de Telecomunicaciones

Por otra parte, argumentaron los legisladores que con respecto a su experiencia profesional de Mony de Swwan, no hay información alguna que permita deducir que su trayectoria y desempeño son destacadas en el sector Telecomunicaciones.

En ese sentido, los legisladores del PRI, encabezados por el senador de Baja California, Fernando Castro Trenti, señalaron además que “si bien es cierto que tras la resolución de la Suprema Corte, de Agosto de 2007 el Senado perdió su facultad de ratificación de funcionarios de la Cofetel, ésta no suprimió de forma alguna la definición de los legisladores en materia de los requisitos legales establecidos para acceder a un cargo de naturaleza”.

Por lo que consideraron falso que el Ejecutivo pueda conducirse con entera libertad respecto de “todos” los servidores públicos adscritos a unidades o áreas que le resultan dependientes, pues le resultan de observancia obligatoria en el nombramiento de comisionados de la Cofetel, el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos planteados por el artículo 9C.

Ante este panorama, la autoridad correspondiente debe investigar la forma deliberada y consciente en combinación con uno o más servidores públicos, en que se condujo al titular del Ejecutivo Federal a
suscribir un  acto administrativo que no correspondía a la realidad, ni se apegaba al artículo 9C  de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Asimismo, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal “tienen atribuciones para validar o calificar los requisitos de un nombramiento de esta naturaleza, por lo que es facultad judicial determinar si en efecto el nombramiento realizado por el Ejecutivo Federal a favor de Mony de Swaan, cumple con los requisitos señalados por la Ley Federal de Telecomunicaciones o, de lo contrario, sea sancionado por violación al artículo 214 fracción I del Código Penal Federal”.

This entry was posted on July 29, 2010 at 19:50 and is filed under Impunidad, Inseguridad, México, Política, Senadores. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.