Por Gabino de Jesús González Noriega
Con el 7º. Constitucional:
Vaya, como una muestra histórica de la ineficacia del Gobierno Federal y la mediocridad de los “representantes sociales” que mantenemos en las Cámaras de Senadores y Diputados, nos encontramos hoy que ante la iniciativa que conformó la Ley SB1070, promovida por Jan Brewer Gobernadora del Estado de Arizona en Estados Unidos y que se inclinaba a legitimar la “cacería” que sufren nuestros hermanos migrantes en ese país, tuvo que imponerse la enorme capacidad de la Juez Federal Susan R. Bolton.
Porque tanto Felipe Calderón Hinojosa; la responsable de la SRE Patricia Espinoza, así como los 500 diputados y 128 senadores que nos representan, que sabían de los alcances y directa afectación que esta iniciativa de Ley iba a tener contra los intereses de millones de mexicanos, jamás se preocuparon por “alzar la voz” en contra de esa acción y siquiera disfrazar su incompetencia.
Es ridículo que UN DIA antes de que entrara en vigor esta Ley y solo posterior a que se conociera la trascendental determinación de la Juez Federal Susan R. Bolton, para bloquear las disposiciones más polémicas de esta ley antiinmigrantes, Patricia Espinoza y los líderes de ambas cámaras legislativas, convocaran a los medios de comunicación para expresar su “compromiso por velar por la seguridad de nuestros hermanos en el extranjero”.
Hace meses que se conoció originalmente los alcances de esta iniciativa de Ley y muchos intelectuales y organizaciones sociales, buscaron la intervención del Gobierno Federal, así como de los integrantes del poder legislativo, para hacer valer por las vías diplomáticas nuestra preocupación y así motivar al análisis del Gobierno Federal de E.U. a dicha iniciativa, sin que este sentir tuviera eco en las “celestiales” esferas políticas.
Pareciera que los miles de millones de dólares que ingresan al país por las remesas que envían a sus hogares nuestros hermanos por el trabajo que realizan allá, no causan ningún efecto económico, porque de reconocer su importancia, el Gobierno Federal, así como los holgazanes legislativos, tendrían que aceptar su ineficacia para crear mejores condiciones de vida a las clases marginadas y así evitar su migración.
Son millones de mexicanos, los que conforman el universo entre los que están en Estados Unidos trabajando y quienes integran su familia aquí y que reciben mensualmente parte de los dólares que ganan aquellos con lo que logran sobrevivir, ante la falta de oportunidades educativas, ante la falta de oportunidades de trabajo y simplemente ante la falta de conciencia social de quienes están en los círculos del poder.
Es indudable que entre la casta de funcionarios federales, existe una lamentable ignorancia y en ella se sustenta la falta de eficacia para defender nuestros derechos. Prueba de ello, es tan solo el recordar la genial salida que tuviera Gómez Mont, cuando hace un par de meses un reportero le cuestionara sobre este tema y el extitular de Gobernación citó que “debemos guardar la doctrina Estrada”.
Para debatir tan penosa declaración, me permitiré transcribir lo expresado por el reconocido Embajador Jorge Palacios Treviño, quien en una magistral ponencia subrayó: “… la Doctrina Estrada sigue vigente, es, por una parte, un rechazo de la práctica de algunos gobiernos de calificar y consecuentemente otorgar o no su reconocimiento a gobiernos de facto, y por otra, una reafirmación del derecho de legación que tienen los países.”.
Por otra parte, nos enseñó que la filosofía del distinguido Don Genaro Estrada, se sustenta en principios de validez universal, principalmente el de la libre determinación de los pueblos y el de la no intervención; principios que son imprescindibles para una convivencia de respeto mutuo y de cooperación entre las naciones.
Obviamente el hecho de que en su momento, el Gobierno Federal o los integrantes del poder legislativo hubieran expresado su rechazo a tal iniciativa de Ley, no representaba ningún tipo de intervención a la determinación del gobierno del Estado de Arizona, sino una real y justa preocupación (que ya mostraron no existe), sobre el bienestar de nuestros connacionales que radican en esa entidad estadounidense y que podrían ser afectados en sus derechos, por excesos en las acciones de autoridad.
Por lo tanto, ante los hechos solo me resta volver a expresar mi reconocimiento y respeto, a la determinación tomada por la Juez Federal Susan R. Bolton, al invalidar el ejercicio de los puntos más discutibles de esa Ley, en una magistral decisión que denota tanto un amplio conocimiento del Derecho, como una plena capacidad para la toma de decisiones.
En lugar de seguir pensando como mantener “eternos” los beneficios que les hemos dado al confiar en sus inexistentes habilidades, Felipe Calderón Hinojosa; Patricia Espinoza, así como los 500 diputados y 128 senadores, ¡deberían en verdad trabajar por Y PARA México!
Comentarios: esfuerzoxideales@hotmail.com
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