- Piden a la gobernadora de Yucatán se den las garantías necesarias para el ejercicio del derecho a la libre manifestación
Por Regina Pavón
Ante los hechos de violencia registrados este lunes en Mérida, Yucatán, la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a la gobernadora Ivonne Ortega investigar los hechos y que explique el porqué de la tardanza de la autoridad local para intervenir.
A través del oficio SAJDH/900/1075/2011 el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, le demandó a la gobernadora que se den las garantías necesarias para el ejercicio del derecho a la libre manifestación.
El lunes pasado, recordó, se suscitó un enfrentamiento entre habitantes de la capital yucateca quienes están en contra de la construcción de un paso a desnivel en la prolongación de Paseo Montejo.
Según testimonios de los inconformes, quienes se plantaron en la zona destinada a la obra, la madrugada del lunes 4 llegó personal de seguridad contratado por la constructora acompañados de golpeadores a tratar de desalojarlos por la fuerza, lo que originó un zafarrancho.
Más tarde, ya con la presencia de legisladores locales y la senadora del PAN, Beatriz Zavala Peniche, se dio un segundo enfrentamiento en el que resultaron varias personas lesionadas que requirieron hospitalización, y en donde también resultó agredida la legisladora.
A raíz de estos hechos, la Segob hizo llegar a la gobernadora Ortega Pacheco la solicitud de información de los acontecimientos con detalles.
‘Me permito solicitar a usted la intervención de las autoridades estatales competentes a efecto de que se les garantice a los ciudadanos de Mérida, Yucatán, el ejercicio de la garantía y derecho a la libre manifestación de las ideas consagrado en el Artículo sexto constitucional’, destacó.
El documento agregó que también han solicitado que se realice “la necesaria investigación sobre los hechos ocurridos y el deslinde de responsabilidades’.
Además se debe incluir ‘una explicación a esta autoridad, respecto de la presunta tardanza para la intervención de la fuerza pública estatal, en protección de los ciudadanos agredidos”, precisó.
El texto fue entregado a la gobernadora Ivonne Ortega y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, Jorge Alfonso Victoria Maldonado.
